UN PAÍS SE DESANGRA
La Procuraduría General de la República insiste en cerrar el caso. Las declaraciones de unas noventa personas implicadas en los hechos de aquella noche del 26 de septiembre en Iguala y los resultados de las pruebas de ADN realizadas por los especialistas austríacos a los restos de un normalista, bastaron para asegurar que en el basurero de Cocula perdieron la vida Jorge Luis González, Miguel Ángel Hernández, Bernardo Flores y Alexander Mora Venancio.
Cuando parecía que los resultados de la investigación encabezada por la PGR iban a demorar varias semanas más, ante la imposibilidad de los especialistas del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, de poder analizar con éxito las muestras óseas, producto del daño provocado por el calor al material genético, Murillo Karam acude a los medios de comunicación para divulgar “la verdad histórica sobre lo ocurrido”, según sus propias palabras.
Las declaraciones del procurador sorprendieron no solo a la sociedad civil mexicana, sino a los propios padres de los desaparecidos, quienes prometieron acudir a la ONU los próximos 2 y 3 de febrero “para denunciar este caso y para acusar al gobierno mexicano en el Comité de Desapariciones Forzadas”, afirmó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
La Procuraduría decidió no esperar por la visita que prometieron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni por los nuevos intentos desde la Universidad de Austria, que ahora apuesta por el método más desarrollado de identificación genética molecular: la Secuenciación Masivamente Paralela (SMP).
El gobierno de la República no quiere quedarse atrapado en los sucesos de hace cuatro meses, en los que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes, por lo que Peña Nieto propuso seguir caminando, y Murillo Karam decidió hablar de modo contundente: “los normalistas fueron secuestrados, asesinados, quemados y sus restos arrojados al Río San Juan, por los integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos”, explicó ante la prensa.
Mientras la PGR insiste en su versión, los mexicanos opinan que al rompecabezas de Iguala le faltan aun muchas piezas. Con lo encontrado en la escena del crimen y con las declaraciones de los detenidos, no es suficiente para hablar de una verdad histórica, sino, en todo caso, de una versión oficial que vuelve a causar la indignación en las redes.
En cuestión de unos pocos minutos, la etiqueta #EPNNoTeHagasMenso se convirtió en Trending Topic, acompañada de imágenes, videos, opiniones y memes, que dan muestras de la creatividad de los mexicanos, pero más allá de eso, del dolor, la desesperanza y la falta de credibilidad del gobierno, sus instituciones y su presidente.
En las últimas horas, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, explicó que el caso ni se cierra ni termina con la conclusión de la PGR. Además, habló de tomar medidas para que estos hechos no se repitan en México: “Porque lo que reflejó este caso de Guerrero es: hasta dónde somos vulnerables y qué cosas no están funcionando bien, qué cosas hay que corregir, cuál es la capacidad del Estado para hacerle frente a estos hechos y que habrá que ponernos a trabajar a fondo para evitar que se repitan; cada quien lo que le toque; el gobierno hará lo suyo y, desde luego, el Congreso haciendo la parte que le toca para que el Estado tenga la capacidad para hacerle frente a hechos como el que hoy nos tiene enlutados a todos”, sentenció.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de los diputados del Partido de Acción Nacional (PAN), principal rival del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la lucha por la presidencia, mencionó la urgencia de aprobar el Sistema Nacional de Anticorrupción, lo cual está previsto para el inicio del periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 1 de febrero.
“Más allá de la verdad histórica, la verdad política, la verdad incuestionable, es que detrás del trágico acontecimiento, hay complicidad de autoridades con criminales, agregó Anaya Cortés, quien no perdió la oportunidad de desacreditar al gobierno federal, el cual, “tiene un enorme déficit de credibilidad y debe hacerse cargo porque el informe que dio la PGR sobre los estudiantes de Ayotzinapa deja insatisfechas a las familias y a un amplio sector de la sociedad”.
Así, entre el dolor, las preguntas sin respuestas, la impunidad, la corrupción y el oportunismo político, se debate el presente y el futuro de México y los mexicanos. La herida, abierta desde hace muchos años, comenzó a sangrar con los sucesos de Iguala aquel 26 de septiembre, y nada, absolutamente nada, parece contener la hemorragia.